Se publica el Instructivo que Regula el Funcionamiento del Registro de Hidrocarburos

En el Registro Oficial No. 530 de 2 de abril de 2024, se publicó el «Instructivo que Regula el Funcionamiento del Registro de Hidrocarburos» (“Instructivo”), el cual norma el proceso de inscripción y modificación en el Registro de Hidrocarburos, de los instrumentos cuya exigencia de inscripción se encuentra establecida en la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento Codificado de Aplicación.

El Instructivo regula, entre otros aspectos, los siguientes:

  • El Registro de Hidrocarburos estará a cargo de la Dirección de Contratación y Negociación de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, estableciéndose además sus deberes y atribuciones.
  • Las inscripciones de los documentos, actos o contratos se realizarán a petición del interesado, a excepción de aquellas inscripciones por terminación contractual que deban ser solicitadas por la autoridad competente.
  • La expedición de certificaciones a solicitud de parte dará lugar al pago de las tasas correspondientes, con arreglo a lo aprobado por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control.
  • Se establecen los requisitos que debe contar para la inscripción de los documentos actos o contratos, así como para documentos que no sean susceptibles de inscripción, pero de los cuales se requiera su marginación por modificaciones.
  • Se señala el procedimiento en caso de negativa de inscripción del documento, acto o contrato.
  • Se detalla el procedimiento para la inscripción por terminación contractual.
  • La Dirección de Contratación y Negociación de Hidrocarburos mantendrá un registro digital en el que conste la información de los documentos que se procedan a inscribir en el Registro de Hidrocarburos.
  • El Ministerio de Energía y Minas dispondrá de una plataforma digital para la gestión del Registro de Hidrocarburos.
  • Se dispone que, una vez que se hay culminado con el proceso de inscripción, en el caso de contratos administrativos de exploración y/o explotación, refinación, industrialización y/o transporte de hidrocarburos y sus modificatorios, se deberá remitir un ejemplar con la razón de inscripción a Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Banco Central del Ecuador y Agencia de Regulación y Control.

Estado ecuatoriano y OCP suscribieron un convenio de mediación

Mediante comunicado de 19 de enero de 2024, el Ministerio de Energía y Minas informó que, junto con la compañía Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) suscribieron un convenio de mediación para garantizar el traspaso ordenado de la infraestructura, pasivos y activos relacionados con el oleoducto al Estado. Se indicó que, si bien la transferencia estaba originalmente prevista para el 20 de enero de 2024, debido a impases técnicos y a la imposibilidad del cierre de las mesas de transición, se requirió con la continuación de las negociaciones entre las partes.

Según reportes, OCP habría invertido más de USD 1.475 millones en la construcción del oleoducto; infraestructura que se revertirá al Estado sin costo, tras cumplirse el plazo de la concesión.

Luz verde para la mina El Domo – Curipamba

Con fecha 22 de enero de 2024, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (“MAATE”) otorgó a la compañía minera Curimining S.A. la licencia ambiental para construir la mina El Domo – Curipamba en la provincia Bolívar.  Curimining S.A. es una empresa ecuatoriana que cuenta con la participación de la compañía canadiense Adventus Mining Corporation, y Salazar Holdings Ltd.

Con la obtención de la licencia ambiental, Curimining podrá iniciar su proyecto minero de cobre, oro y plata a mediana escala. La compañía invertirá alrededor de USD$ 292 millones de dólares y se espera que genere 800 empleos directos y 3,000 indirectos.

Se reporta que la obtención de la licencia ambiental para la mina El Domo – Curipamba fue un proceso prologado debido a la implementación de la consulta ambiental. Al respecto, el 9 de noviembre de 2023, a través de la sentencia 51-23-IN/23 la Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad con efectos diferidos del Decreto Ejecutivo 754, que regula la consulta ambiental, permitiendo que esta siga ejecutándose bajo los lineamientos del mencionado Decreto Ejecutivo hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley para el proceso.