Mediante boletín de prensa de 20 de marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas comunicó que el 19 de marzo de 2024, suscribió un contrato modificatorio con la compañía Andes Petroleum, la cual opera en la provincia de Sucumbíos, que extendió el plazo del contrato del Bloque Tarapoa (Bloque 62) hasta el 31 de diciembre de 2040 y que beneficiará al Estado con una inversión adicional USD 163 millones.

Señala el boletín que, la extensión del plazo contractual generará ingresos a largo plazo aproximados por USD 969 millones, que representa una renta petrolera del 77% de los rubros generados en el Bloque Tarapoa; y, una producción total acumulada superior a los 42 millones barriles (cifras proyectadas hasta 2040).

El plan de actividades comprometidas incluiría la perforación de 21 pozos de desarrollo, un pozo exploratorio, dos pozos de avanzada, 42 trabajos de reacondicionamiento de pozos y actividades adicionales en facilidades de producción, telecomunicaciones, seguridad industrial, entre otros.

Con fecha 22 de enero de 2024, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (“MAATE”) otorgó a la compañía minera Curimining S.A. la licencia ambiental para construir la mina El Domo – Curipamba en la provincia Bolívar.  Curimining S.A. es una empresa ecuatoriana que cuenta con la participación de la compañía canadiense Adventus Mining Corporation, y Salazar Holdings Ltd.

Con la obtención de la licencia ambiental, Curimining podrá iniciar su proyecto minero de cobre, oro y plata a mediana escala. La compañía invertirá alrededor de USD$ 292 millones de dólares y se espera que genere 800 empleos directos y 3,000 indirectos.

Se reporta que la obtención de la licencia ambiental para la mina El Domo – Curipamba fue un proceso prologado debido a la implementación de la consulta ambiental. Al respecto, el 9 de noviembre de 2023, a través de la sentencia 51-23-IN/23 la Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad con efectos diferidos del Decreto Ejecutivo 754, que regula la consulta ambiental, permitiendo que esta siga ejecutándose bajo los lineamientos del mencionado Decreto Ejecutivo hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley para el proceso.

Mediante comunicado de 19 de enero de 2024, el Ministerio de Energía y Minas informó que, junto con la compañía Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) suscribieron un convenio de mediación para garantizar el traspaso ordenado de la infraestructura, pasivos y activos relacionados con el oleoducto al Estado. Se indicó que, si bien la transferencia estaba originalmente prevista para el 20 de enero de 2024, debido a impases técnicos y a la imposibilidad del cierre de las mesas de transición, se requirió con la continuación de las negociaciones entre las partes.

Según reportes, OCP habría invertido más de USD 1.475 millones en la construcción del oleoducto; infraestructura que se revertirá al Estado sin costo, tras cumplirse el plazo de la concesión.